España registra 3 rupturas por cada 4 matrimonios |
En el 2010 el número de matrimonios ha descendido en 6.329 matrimonios (un 3,5% menos) y la ruptura familiar ha crecido en 3.086 rupturas más (un 2,5% más) La tasa de ruptura/matrimonio ha crecido en un 60% en los últimos 10 años pasando de 47 rupturas cada 100 matrimonios en el 2000 a ser de 75 rupturas por cada 100 matrimonios en el 2010. De seguir esta tendencia en los próximos años en un año se producirá tantas rupturas como matrimonios. Canarias es la comunidad autónoma donde ya se producen anualmente más rupturas que matrimonios (121 rupturas por cada 100 matrimonios), seguida de la Comunidad Valenciana (89 rupturas por cada 100 matrimonios) y Cataluña (83 rupturas por cada 100 matrimonios). El País Vasco con 57 rupturas por cada 100 matrimonios, seguida de la Rioja y Navarra, ambas con 58 rupturas por cada 100 matrimonios respectivamente son las comunidades autónomas con menos rupturas por cada 100 matrimonios. |
Los datos sobre rupturas matrimoniales confirman una situación crítica para los matrimonios en España y constatan la necesidad urgente de que las administraciones hagan nada para evitarlo o, al menos, amortiguarlo concluye el presidente del IPF (Instituto de Política Familiar). No se puede admitir que ante el principal problema que tienen las familias españolas las administraciones públicas no lo aborden de inmediato. La pregunta que debieran contestarse las administraciones es la siguiente: ¿es un bien en sí mismo favorecer la reconciliación matrimonial y evitar, por tanto, la ruptura matrimonial? En caso afirmativo es necesario ser consecuentes y desarrollar políticas públicas activas y preventivas, con perspectiva de familia que ayuden a los matrimonios en crisis a intentar superar las distintas conflictividades. Mientras la estabilidad conyugal trae consigo un mejor desarrollo personal e integral tanto para los cónyuges como para los hijos, la ruptura familiar provoca dramas, fracasos personales y familiares que afectan a todos, padres e hijos. Frente a la cultura de ruptura actual se debe desarrollar una cultura de reconciliación y no de promoción de más ruptura. Es por ello, concluye el presidente del IPF, que instamos a los distintos partidos políticos a que aborden este problema sin dilación y que propongan soluciones y alternativas para reducir la ruptura familiar así como amortiguar los efectos negativos que se producen tanto en los cónyuges como en los hijos. |
PROPUESTAS DEL IPF • Derogación de la Ley del Divorcio Exprés ya que ha resultado ser claramente desacertada y, al cabo de cinco años de aplicación, ha demostrado su rotundo fracaso triplicando el número de divorcios en España. • Desarrollo de campañas específicas de sensibilización y concienciación de la importancia del matrimonio y la familia, de las funciones sociales que cumplen, del bien que representan para la estabilidad emocional, psicológica y física tanto para padres e hijos como para la sociedad. • Creación y promoción, cuando ya existan, de los Centros de Orientación Familiar (COF) tanto públicos como privados -a través del 0,7% del IRPF-, asegurando su dotación con especialistas en distintas áreas (jurídicos, psicólogos, asistencia social, etc.) a fin de asegurar una ayuda eficaz a los matrimonios para la superación de las crisis y conflictos. • Impulso de medidas preventivas para ayudar a superar la conflictividad y las crisis familiares según las recomendaciones del Consejo de Europa. • Creación de una Mesa de Expertos compuesta por asociaciones familiares, agentes sociales y administraciones públicas, con el objeto de abordar la situación de la ruptura familiar en España, sus orígenes, causas y consecuencias, así como para proponer soluciones y alternativas que ayuden a cambiar reducir el número de rupturas. • Promoción de la custodia compartida y el interés prevalente de los hijos en los casos de ruptura matrimonial con hijos. • Fomento de medidas sobre protección de los cónyuges e hijos cuando la ruptura definitiva se ha producido, contribuyendo a aliviar las situaciones de desequilibrio emocional, mediante el establecimiento judicial de terapias a realizar por centros de atención a la familia, dotados de recursos pluridisciplinares. |
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